* La Procuraduría General de Justicia solo adelantó la consignación de dos elementos de la PIM, -hace dos semanas- como “presuntos responsables de homicidio de los normalistas”
* Inconsistencia en las averiguaciones de la PGJ y PGR, incompleta la investigación realizada por la CNDH, entrampa el esclarecimiento de los hechos
Alfonso Flores González
Especial para Efecto Espejo.com
Finalmente la Procuraduría General de Justicia de Guerrero lanzó las primeras luces –eso hace dos semanas- en torno al asesinato de los alumnos Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, el pasado 12 de diciembre en Chilpancingo a consecuencia de proyectiles por arma de fuego, y en su primera aparición ante los medios, –a pesar de que no le gusta- el encargado de Despacho, Juan Manuel Herrera Campos anunció la ampliación de arraigo a los ahora ex elementos de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), Ismael Matadama Salinas –estudiante de la academia- y Rey David Cortés Flores -Comandante de Grupo-, por que al parecer, se ejercitará acción penal en su contra, “como presuntos responsables de homicidio de los normalistas”, lo anterior en base -según el funcionario- a estar plenamente identificados por análisis hechos por la dependencia, mientras que del empleado gasolinero, que falleciera días después a consecuencias de quemaduras de tercer grado, Gonzalo Miguel Rivas Cámara, puntualizó, “se mantiene abierto el desglose para continuar con las investigaciones”, es decir, sin avances sustanciales en torno a los probables responsables de la muerte de éste último.
Coincidentemente, con este anuncio, la defensa a ultranza que emprendiera el ex Procurador Alberto López Rosas, subió de tono, a pesar que es la propia dependencia que encabezara, hasta antes de separarse del cargo –PGJE-, quien le asestara el primer golpe bajo, toda vez que son los elementos que aparecen en diversos videos y fotografías en varios medios de comunicación, los que -según se vislumbra- serán los que carguen con todo el peso de la Ley.
Al parecer, no bastó la defensa que hiciera Alberto López Rosas en medios de comunicación, escritos, radiofónicos, televisivos, ya fueran locales o de nivel nacional, basta recordar el último con Carmen Aréstegui en MVS, donde se ve a un ex Procurador defendiendo la tesis de que fueron elementos de la Policía Federal Preventiva los que llegaron primero al bloqueo de estudiantes normalistas de ayotzinapas, todo esto sustentado en videos exhibidos por el ex funcionario, dejando entrever que a la vez pudieran ser los presuntos “responsables” de dar muerte a los estudiantes normalistas.
Cabe puntualizar que en esta entrevista, reconoce que probablemente elementos de la PIM, pudieron haber realizado prácticas al margen de la Ley, al presentar él mismo -en conferencia de prensa-, el pasado 12 de diciembre, al normalista Gerardo Torres Pérez, como el que supuestamente había disparado con un arma de asalto AK-47 -el cual fue presentado en la conferencia de prensa- posterior al desalojo. Ante la pregunta por parte de Carmen Aréstegui de que el normalista había sido torturado para obligarlo a decir que efectivamente había disparado el arma larga, López Rosas respondió que quien tenga responsabilidad por practicas ilícitas en la detención del estudiante, que fuera castigado conforme a derecho, sin embargo fue el mismo López Rosas, quien en conferencia de prensa “participó”, en esa ilegalidad, al asegurar la presunción de un delito. Finalmente el estudiante fue liberado horas más tarde.
Mientras tanto al anuncio hecho por el encargado de Despacho de la Procuraduría en Guerrero, Juan Manuel Herrera Campos, acompañado del vocero Arturo Martínez Núñez, lo basa en la colaboración que recibiera por parte de la Procuraduría General de la República, las pruebas que de ésta recibiera y resolviera. Sin embargo lo anterior no deja satisfecha , ni a la defensa legal que emprende Antonio Nogueda Carbajal, abogado de los ahora ex elementos de la PIM, ni al propio Alberto López Rosas, quién este último definitivamente rechaza el informe preliminar que emitiera la CNDH y marcó siete inconsistencia de su dicho, que se basan en la omisión por parte de la comisión, de no tomar en cuenta los videos donde aparecen policías federales, de no tomarles declaración a los mismos y mucho menos al no rendir el informe sobre ese acontecimiento del pasado 12 de diciembre del 2011. Hasta el cierre de este análisis se filtró a los medios un documento de la PGR, donde exculpa a los ahora señalados de haber disparado arma de fuego ese día. Si a esto le anexamos la postura de los normalistas, que lejos de de coincidir con sus demandas, intensifican su lucha en diversos puntos del Estado. Se vislumbra que la trama va para largo.
Las irregularidades de la PGJE
Si de errores se trata, en este asunto que sigue sumido en la vorágine de la poca claridad, -a pesar del anuncio hecho por la PGJE-, cronológicamente le tocó a Alberto López Rosas, los primeros errores en materia de procuración de justicia y de la poca claridad con que se inició la historia.
En primer lugar, las organizaciones sociales, señalaron que el sitio donde cayeran abatidos por las balas los estudiantes normalistas “no había sido preservado”, es decir, que se contaminó la escena, los propios medios de comunicación dieron a conocer que elementos de corporaciones policiacas levantaron casquillos percutidos de arma de fuego, -existe un video, que fue exhibido por Alberto López Rosas- que en las imágenes se aprecia a un numeroso grupo de elementos policiacos en esa situación, es decir que se ve claramente como recogen -al parecer- casquillos del suelo-, y no se aprecia a ninguna autoridad “resguardar” el área.
Un segundo error documentado ese mismo día, fue la presentación del estudiante Gerardo Torres Pérez, de 19 años de edad, y el cual fue señalado en conferencia de prensa por el propio Alberto López Rosas, de haber sido detenido por elementos de la PIM, al -según ellos- encontrarle un cargador de fusil de asalto AK-47 y posteriormente señalarles a los elementos policiacos dónde los había tirado, esa misma arma fue presentada en la conferencia de prensa, inexplicablemente, horas más tarde el estudiante normalista fue liberado, dando su versión que los elementos de la Investigadora Ministerial lo habían torturado y obligado hacer disparos con una arma larga -el AK-47-, así como decir que el arma era suya y haber realizado disparos durante el desalojo.
En este mismo tenor López Rosas, en una entrevista a nivel nacional dijo que no metía las manos en ese señalamiento en contra de ministeriales y que si habían cometido alguna irregularidad fuera de la Ley, que tendrían que asumir sus consecuencias, ¿él también asumiría sus consecuencias al participar en esta irregularidad?
La tercera anomalía que se señala, es que el día de los acontecimientos los ahora señalados como probables responsables, el primero de ellos, Ismael Matadama Salinas, -al parecer era integrante de la academia de Policía del Estado- se le ve empuñando un fusil Ak47 en posición de amague en contra de los estudiantes, mientras que el Comandante de Grupo, Rey David Cortés Flores, se le ve en la misma posición en diferentes tomas, éste último se encontraba el día de los acontecimientos franco, es decir que no trabajaba ese día. Aquí valdría preguntar. ¿Quién autorizó que los dos, ahora presuntos responsables, acudieran armados a la manifestación?
Inconsistencias en la CNDH y la PGJE
Antonio Nogueda Carbajal, abogado de Rey David Cortés Flores e Ismael Matadama Salinas coincide, al igual que el ahora ex Procurador, Alberto López Rosas en la inocencia de los ex elementos de la PIM. El primero de manera legal ante las instancias correspondientes y el segundo con una defensa mediática ante los medios de comunicación.
Ambos han señalado puntualmente las inconsistencias en las diligencias, pruebas y testimonios que produce la indagatoria abierta por la muerte de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. De entrada al conocerse la presunta responsabilidad de sus defendidos, Antonio Nogueda Carbajal exhibió que en pruebas realizadas por la PGR a los policías arraigados, deslizó que sus clientes habían salido negativo en la prueba de radizonato de sodio, lo que se traduce en que no dispararon arma de fuego, además de que esta prueba se encuentra dentro de la indagatoria, así como la constancia de dos ojivas de fusil G-3, -armas largas que al parecer utiliza la Policía Federal y algunos Policías Estatales-, señala además que la ampliación de arraigo es ilegal, toda vez que solo se puede hacer por 40 días. Otra de las irregularidades que señala Antonio Nogueda Carbajal es que hasta el momento no se la ha hecho entrega de copias del expediente que se sigue y que solo le han dado acceso a 4 de 5 tomos, para solo leerlos. También dijo que se tuvo que promover la comparecencia del ex subsecretario Ramón Arriola Ibarra para que se le tomara su declaración y que en la indagatoria se encuentra asentada, que cuando “los elementos de la Policía Estatal llegan, los Federales se encontraban disparando y que los ministeriales llegaron al último”.
Por su parte Alberto López Rosas, desde que se dio a conocer el informe preliminar que diera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, descalificó su contenido, puntualizando siete inconsistencias de ese informe.
La primera de la inconsistencia señalada por el ex Procurador versa en el sentido de que no se le citó a comparecer al Secretario de Seguridad pública Federal, Genaro García Luna, lo que deja entrever la parcialidad de ese informe, otra inconsistencia que señala es que mientras la CNDH toma como elementos de investigación las fotografías de elementos de la PIM en posición de disparar el día de los acontecimientos, omite las fotografías de federales en la misma posición. Las demás inconsistencias coinciden en que la comisión no hace comparecer a los elementos federales que se ven en videos y fotografías, la falta de información por parte de los mandos de esa corporación en torno al suceso y la negativa a entregar videos y fotografías que tomara la propia Policía Federal. Con lo que asegura Alberto López Rosas, que se parcializa el informe y se protege a otra corporación.
La PGR, con sus periciales
Recientemente se dio a conocer información contenida en la averiguación previa PGR/GRO/CHI/CASO/378/2011, donde consta que el Policía Federal, Rubén Rojo Alquisira; los Policías Ministeriales Leonardo Ramírez Pintor y Agustín Ramírez García; los Policías Estatales Manuel Antonio Rojas Medina, José Palacios Castro, Abraham Santiago Guzmán Alonso y Patricia Barrios Flores; la Procuraduría General de la República (PGR), les había practicado pruebas periciales, dando positivo en la prueba de uso de arma de fuego disparada recientemente.
La información se da a conocer para exhibir, que a pesar de que existe este dictamen en la averiguación previa abierta por la PGR, de que éstos no fueron arraigados, ni han sido citados a declarar, lo que complica la madeja de la investigación, mientras tanto, esperemos quién dará el siguiente paso, en este ajedrez jurídico-político.