
Las empresas de telefonía móvil perderían 4 mil millones de pesos al mes si suspenden a 24 millones de clientes. * Foto María Meléndrez Parada
Miriam Posada García y Andrea Becerril
Jornada
Martes 13 de abril de 2010, p. 23
En el sistema del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) están atorados 6 millones de números en espera de ser admitidos, y la cantidad podría elevarse debido a que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y la Secretaría de Gobernación decidieron “flexibilizar” las reglas para que los 24.1 millones de usuarios que no se inscribieron envíen el mensaje correspondiente.
En la última actualización de datos, la Cofetel informó que se han registrado 59 millones 329 mil 372 líneas de celulares que representan 71 por ciento de los 83 millones 500 mil en operación, por lo que seguirían fuera de las bases del Renaut 24 millones 170 mil 628 abonados.
Ante la negativa del Senado para ampliar el plazo de inscripción al Renaut y con la intención de hacer cumplir la Ley Federal de Telecomunicaciones, la semana pasada la Cofetel envió un ultimátum mediático a los 30 millones de usuarios que no se habían incorporado al listado a cargo de la Secretaría de Gobernación.
Al no haber prórroga y cumplirse la fecha de cierre, los sistemas de la empresas de telefonía celular y del Registro Nacional de Población (Renaut) se saturaron, por lo que millones de datos están en espera de ser registrados y al final, sin llamarlo prórroga, el gobierno federal seguirá recibiendo mensajes de inscripción.
El presidente de la Cofetel, Héctor Osuna, dijo que cuando se terminen de inscribir las líneas en espera y todas las que se acumulen ante esta nueva oportunidad, el siguiente paso será depurar el registro en el que aparecen líneas inscritas a nombre de personas que no son los usuarios.
La limpieza de los datos vertidos al Renaut por más de 58 millones de ciudadanos será necesaria, debido a que trascendió que por lo menos hay 5 mil 200 líneas registradas a nombre del presidente Felipe Calderón. “El procedimiento de inscripción al Renaut se hizo confiando en la buena fe de las personas”, explicó Osuna, por lo que cuando “el presidente verifique cuáles son las líneas que sí usa, se verá cuáles no y se tendrán que identificar a quiénes pertenecen”.
Hasta el momento la Cofetel y Gobernación no han decidido cuánto tiempo seguirá el registro, ya que dependerá de los acuerdos y soluciones tecnológicas a las que lleguen con los proveedores del servicio, quienes no han comenzado con la desconexión masiva de líneas.
En un análisis sobre el comportamiento de la telefonía móvil en México, la consultoría The Competitive Intelligence Unit, que dirige Ernesto Piedras, señaló que los mexicanos gastan en promedio 182 pesos al mes en llamar por celular.
Las presuntas pérdidas para las empresas del sector si se desconectaran más de 24 millones de usuarios ascenderían a 4 mil 368 millones de pesos. Pero si esa misma cantidad de personas tuviera que recontratar el servicios con uno de los equipos más baratos que hay en el mercado, a un costo de 300 pesos, los ingresos para las empresas serían de 7 mil 200 millones de pesos.
En las próximas horas la Cofetel y los operadores anunciarán cuándo iniciarán la suspensión de servicios.
Hay 12 millones sin registro
El panista Juan Bueno Torio, secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, manifestó que “los teléfonos celulares que faltaron de registrarse son alrededor de 20 millones; sin embargo, Telcel ha informado que 8 millones enviaron sus datos pero no han recibido confirmación, por lo que se puede hablar de que hay 12 millones de usuarios sin registro”.
El legislador informó que este martes pasará al pleno el dictamen sobre la minuta que envió la Cámara de Diputados autorizando la prórroga. En el Senado se va en sentido negativo. “Lo vamos a subir al pleno como trámite y será devuelto a la colegisladora”.
Respecto a la decisión de la Cofetel “de dejar abierta la ventanilla” para que continúen registrándose los usuarios que faltan, el priísta Ángel Aguirre Rivero subrayó: “con esa decisión nos asiste la razón de lo que dijimos. Lo expresé de manera muy clara en su momento, que no les alcanzaría el tiempo para registrar los 85 millones de teléfonos celulares”.
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NOTICIAS ALTERNAS
Ni con indemnización de $50 millones vamos a dejar nuestro patrimonio: vecinos de La Malinche
Rocío González
LA JORNADA
Martes 13 de abril de 2010
Habitantes de la colonia La Malinche, en la Magdalena Contreras, cuyos predios fueron expropiados por el Gobierno del Distrito Federal (GDF) para la construcción de la supervía poniente, afirmaron que ni con un millón 700 mil pesos o 50 millones están dispuestos a dejar el patrimonio que han construido durante 40 años.
Felipe Linares, uno de los afectados, indicó que, en su caso, en el predio expropiado viven ocho familias. “Con el dinero que ofrecen, para qué nos va a alcanzar”.
Los afectados acudieron a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a un acto en el que participó el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Felipe Leal, a quien pidieron su intervención.
Raúl Jiménez, avecindado en la colonia La Malinche, dijo que el jueves intensificarán las movilizaciones con una marcha hacia el Zócalo, para exigir su derecho de audiencia al jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard. “De ahí en adelante, donde quiera que lo encontremos lo vamos a encarar hasta que nos escuche”, advirtió.
“Hemos tirado dos decretos presidenciales, la supervía poniente, que ahora se llama “vialidad de cuota”, fue cancelada por (Manuel) Camacho Solís hace 17 años en una audiencia pública en la que fuimos protagonistas. Él dijo que ya estaba publicada en el Diario Oficial esa resolución para que a ningún funcionario se le ocurriera reponer el proceso”, refirió al cuestionar que sea el mismo grupo de personas las que regresen de nuevo con este proyecto.
David Navarrete, otro de los afectados con la expropiación, cuestionó la forma en que se ha conducido el mandatario local. “De manera prepotente ha dicho que él va hacer la carretera, pero le respondemos que no es menor lo que estamos defendiendo. Construí mi casa hace 40 años, ahí nacieron mis hijos y ahí están naciendo mis nietos, y este señor quiere que yo le entregue todo lo que he hecho en mi vida”, apuntó.
Por separado, la agrupación Prociudad-ProContreras manifestó que serán los jueces y no el GDF los que decidirán si proceden o no los amparos, pues se trata de un derecho constitucional.