Adiestrados en Israel, robaban y extorsionaban en pandilla

Redacción
LA RAZÓN

En menos de un año, la tercera parte de los policías que integran una de las áreas de mayor importancia dentro de la policía judicial del DF fue destituida de sus cargos y terminó en prisión.

Según la Procuraduría capitalina, cuando menos ocho de los 25 agentes que integraban la Primera Sección del Estado Mayor de la Policía Judicial, fueron encarcelados bajo el mando de Gabriel Sánchez Salinas, quien ya fue destituido.

A los agentes se les acusa de delitos como extorsión, asociación delictuosa, robo y hasta de provocar accidentes por manejar sus patrullas en estado de ebriedad. De acuerdo con los reportes, a cinco agentes varones los encarcelaron luego de que los descubrieron tratando de cobrarle 252 mil pesos a un sujeto para regresarle un camión que le habían robado.

Se trata de los policías Dante Carballido Soto, Ricardo Pablo Barrita Romero, Cuauhtémoc Vargas González, Eleazar Duardo González y Roque Fernando Prado Gómez. Junto con ellos fueron capturadas dos mujeres del mismo Estado Mayor.

A las agentes Silvia Marisol Pedroza López y Victoria Artemisa Vázquez Villafuerte las encarcelaron en el penal femenil de Santa Marta Acatitla.

El juez 52 penal del Reclusorio Oriente mantiene en su contra un proceso por extorsión agravada en pandilla, robo en pandilla y encubrimiento por receptación en pandilla. Otro de los agentes encarcelados es Julio Villa Martínez.

Este policía fue detenido por elementos de la SSPDF cuando atascó su patrulla en el cemento fresco que trabajadores acababan de colocar en el carril confinado del Metrobús. El agente manejaba en estado de ebriedad junto con Aldo Vázquez Palacios, quien trató de que no los detuvieran al asegurar que su tío era Raúl Peralta, comandante de Inspección Interna de la PGJDF.

Defienden derechos de reos

La diputada panista Lía Limón presentó ante la ALDF una iniciativa para modificar la Ley Penitenciaria en la ciudad, la cual busca “transparentar la ejecución de las penas” y reducir la sobrepoblación en los reclusorios mediante una “clasificación” de los presos por tipo de delito.

También contempla la transparencia del funcionamiento de los penales, permitiendo el acceso de los medios de comunicación al interior de los centros de reclusión y garantizar los derechos humanos de los internos.

De acuerdo con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del DF, en los últimos 12 meses se ha incrementado la sobrepoblación en los centros de reclusión. Hasta el 5 de enero del 2009, los internos sumaban 38 mil 217 y la población carcelaria se incrementó a 40 mil 353 presos, lo que representa un aumento del 7% en la capacidad de las cárceles.

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NOTICIAS ALTERNAS

Obama alinea a su gabinete contra la Ley Arizona

La SB1070 es mala, señala el presidente de EU; el procurador Holder tratará de impugnarla; Napolitano la censura

AP
LA RAZÓN

Ottumwa, Iowa
Miércoles 28 de Abril de 2010
El presidente Barack Obama advirtió ayer que la nueva ley antiinmigrante de Arizona podría derivar en casos de hostigamiento contra los hispanos y señaló que medidas tan “mal concebidas” como ésa podrían evitarse si se reforma en definitiva el sistema de inmigración del país.

Obama prometió reunir el apoyo de su partido y buscar que los republicanos se unan a la iniciativa, como la única esperanza realista de resolver un problema de implicaciones políticas delicadas.

Dijo que la medida derivará en hostigamiento en contra de personas que parezcan indocumentadas. “Ahora, si alguien no tiene sus documentos a la mano y lleva a su hijo a comer helado, será víctima de hostigamiento, eso es algo que podría ocurrir. Ésa no es la manera correcta de hacer las cosas”.

El mandatario buscó exhortar a que los legisladores muestren una mayor voluntad para lograr un acuerdo.

“Llevaré a la mesa a la mayoría de los demócratas para lograr esto. Pero tengo que recibir alguna ayuda del otro lado”, añadió, en referencia a los republicanos.

El presidente Obama confió en lograr un acuerdo “en algún momento cercano”, un cronograma vago, en un año electoral en el que se reduce el plazo para que el Legislativo pueda hacer algún comentario sobre un tema tan controversial.

Se pronunció por una ley que proteja las fronteras y requiera que los indocumentados se registren, paguen una multa, aprendan inglés, asuman su responsabilidad por violar la ley y entren a una lista de espera para buscar la ciudadanía.

Obama dijo que si todos esos desafíos se atienden de una forma amplia, “volveremos a ser una nación de leyes y de inmigrantes”.

Reiteró que la ley de Arizona está “mal concebida”, pero resulta igualmente injusto para ese estado el tener que lidiar con cientos de miles de indocumentados.

Alcalde apelará la ley. El alcalde de Phoenix, Philip Gordon, aseguró ayer que se opondrá a la ley SB1070, pues considera que criminaliza a los inmigrantes: “es horrible, es racista, es inconstitucional y no entrará en efecto”.

El anuncio lo hizo Gordon durante una reunión del cabildo de Phoenix, lo que provocó que se dividiera la audiencia.

Aseguró que se puede formar una figura legal llamada injunction que evitaría que tome efecto la ley, asimismo se puede llevar el caso a una corte federal. Al ser cuestionado si esta ley es una lucha entre los republicanos y demócratas, el respondió: “se dice que sí, pero la verdad es hay que gente con miedo de perder su estatus en Estados Unidos, pero eso no lo hace correcto o constitucional”.

El Congreso condena

Al tiempo que el Congreso de la Unión condenó la ley SB1070, emitida en Arizona, por considerar que atenta contra las garantías individuales de los connacionales que residen en Estados Unidos, se dio a conocer que una delegación de diputados del PRD viajará a ese estado el próximo sábado para encabezar movilizaciones de migrantes.

Las cámaras de Senadores y Diputados exhortaron a las autoridades estadounidenses a detener las medidas unilaterales que no contribuyen al fortalecimiento de la relación entre ambas naciones ni atienden adecuadamente el fenómeno migratorio.

En un punto de acuerdo leído por el presidente del Senado, Carlos Navarrete, se insiste a la Secretaría de Relaciones Exteriores en que haga uso de todos los recursos diplomáticos y de instrumentos bilaterales y multilaterales para defender los derechos de los inmigrantes nacionales.