
Internet, la biblioteca digital más grande del mundo construida en los últimos 20 años, se encuentra en riesgo de desaparecer como fuente de información y método de consulta rápido a nivel global. Las acciones recientes del congreso de los Estados Unidos de Norteamérica (EU) han puesto en vilo el futuro de páginas como Wikipedia y todo aquel alojamiento web que sea sospechoso de contener materiales por los que no se ha pagado u obtenido autorización para su publicación de manera libre.
La acción emprendida contra la piratería vía internet fue canalizada al congreso y senado de EU mediante la creación de las leyes referidas como P.I.P.A (Protect I.P Act) y S.O.P.A (Stop Online Piracy Act), la cuales tendrían impacto a nivel mundial al tratarse de propuestas que facultan al gobierno de un solo país para revisar la actividad virtual de millones de usuarios e imponer sanciones legales en cualquier parte del mundo, violentando así la soberanía tanto de países intervenidos por su acción como los derechos de las personas que se sospeche han llevado a cabo robo de propiedad intelectual protegida, estén informadas o no dichas personas de estar cometiendo un delito.
La más comentada de estas dos leyes, la S.O.P.A, propone varias acciones entre las cuales destacan las siguientes:
Los servicios de publicidad deben bloquear la web o servicio que se sospeche ha cometido actos de piratería, es decir, las páginas perderían derecho a publicitarse con sólo la sospecha de haber llevado a cabo pirataje. Con esto se estaría acusando de complicidad a quien le de publicidad o ciberpublicidad, esté enterado o no, de las actividades delictivas de la página web en cuestión.
Se haría que a las empresas facilitadoras de cobro en internet como PayPal y similares congelen sus fondos y pongan restricciones al uso de sus servicio, esto haría más lentas las compras vía Internet hasta de cosas tan simples como tornillos.
Eliminación de páginas web sospechosas o con uso comprobado para llevar a cabo delitos contra derechos de autor. Una vez más, estén informados o no los responsables de dichas páginas que han cometido una infracción a copyright, esto afecta servicios como blogs, cuentas de Facebook personales y empresariales, Twitter y servicios similares.
Entre las penas propuestas para infractores al copyright destaca una que enuncia condenas de cinco años de prisión por cada diez canciones o películas descargadas dentro de los seis meses desde su fecha de estreno. Esto afecta al usuario promedio de Internet y determina penas acumulativas además, es decir, al que descargue el doble de las cantidades mencionadas recibirá el doble de condena en prisión y así sucesivamente.
Estas y otras medidas son las que propone una pequeña parte de la ley S.O.P.A, poniendo en peligro la información almacenada en Internet con fines didácticos, comerciales, intercambio sin fines de lucro, servicios digitales de compra-venta y una pérdida total de la privacidad para los usuarios, tales como el uso correo electrónico, accesar una página y todos los servicios que la administración y gobierno de Estados Unidos de Norteamérica consideren ilegales.
Las consecuencias a nivel global del borrado de información que propone la legislación de EU son, entre otras, la desaparición de información virtual útil a muchos usuarios sin haber corroborado su fuente real, aunado a esto, implica que cualquier persona puede cometer delitos sin estar informado de los mismos y hasta ser acusado de plagio y/o robo por cualquier interpretación hecha a partir del punto de vista único del aparato legal estadounidense.
Probablemente lo más arbitrario de este problema informático, consista en que la ley S.O.P.A pretende lograr que sólo un país esté autorizado para decidir que se hace con Internet, un recurso que todos los cibernautas han construido con sus propios tiempos, conexión y hasta dinero, no solo las personas que son dueñas de empresas usan la red para fines útiles, Internet no es publicidad y negocios únicamente, los negocios son sólo una parte de la red y no precisamente la más numerosa y/o importante.
Analizando entonces las intenciones de la ley S.O.P.A y legislaciones similares, la presumida protección de esta ley a sus beneficiados luce más bien como un intento por apropiarse de la actividad digital de todos los usuarios de Internet, al mismo tiempo que las leyes de censura en cualquier medio, despliegan su utilidad como un servicio gubernamental hacia aquellas empresas que entregan impuestos y apoyos económicos grandes a los gobiernos que les “sirven bien”.
El acto de crear leyes que en su ejecución hacen peligrar el acceso a la información digital útil para defender los intereses económicos de algunas compañías y encima de esto brindarles más beneficios por concepto de indemnizaciones, es claramente un acto de violencia contra el derecho a la comunicación de la sociedad humana; el suspender servicios a personas que no han roto ley alguna sin darles una solución a las pérdidas provocadas en el proceso de “hacer cumplir la ley” significa una violación a los derechos humanos de los cibernautas y un daño a las comunicaciones a nivel global, daño que no presenta visos de ser subsanado.
Cuando un imperio teme a algo, prohíbe cosas para demostrar su control sobre las estructuras de poder y con esas proscripciones retira abiertamente derechos de la población que afecta con sus prohibiciones, en este caso las leyes S.O.P.A y P.I.P.A que amenazaban los derechos y libertades a la educación e información, parecen haber sido dejadas de lado por presiones ejercidas por usuarios del propio Internet, pero los intereses comerciales pueden volver a surgir una vez pasado el proceso electoral en Estados Unidos de Norteamérica, así que por el momento la red está en aparente calma y los usuarios se encuentran esperando que nuestro derecho a la información siga intacto, pero con los ojos abiertos a más iniciativas de la censura.
¿Cuántos poseen una enciclopedia en casa para consultar lo que puede ya no estar en Internet para fines de este año?… Se los dejo para mañana…
Fuente: Sexenio.com