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Si compras en GEO, ARA o HOMEX, no olvides pedir tu lancha o una balsa, por lo menos. ¡Que valga la pena la estafa!

Abel Torres Pérez
III PARTE
Especial para EfectoEspejo.com

Las leyes, por el arco del triunfo

Desafortunadamente las nuevas unidades habitacionales se han realizado de manera anárquica, toda vez que no respetan las reglamentaciones ambientales ni siquiera el Plan Director de Desarrollo Urbano para el Municipio de Acapulco, al grado de construir en zonas de riesgo y alto riesgo, pese al conocimiento de las autoridades encargadas de vigilar que no ocurra una tragedia similar al huracán Paulina.

Y es que, como lo relevan los ambientalistas Bernardo Salas y el arquitecto José Luis Rodríguez, los desarrolladores de casas de interés social, muchos aglutinados a la Canadevi, saben perfectamente que después del evento meteorológico que golpeó Acapulco en 1997, se hizo el Plan de Desarrollo Urbano precisamente para regular las zonas de gran impacto de riesgo, especialmente en las zonas bajas, como son las áreas de humedales y ejidales, que comprenden los ejidos de Cayaco, Llano Largo, La Bonfil, Puerto Marqués, Plan de los Amates, La Sabana, La Venta, El Quemado y otros.

Salas Roldán expuso que en los trabajos para realizar este Plan de Desarrollo Urbano, que está vigente porque fue en la administración en donde fungió como presidente municipal el hoy gobernador Zeferino Torreblanca Galindo que se instaló este reglamento, se contempla la problemática que en un futuro en ese entonces se preveía para que los desarrolladores no siguieran atentando contra las zonas de humedales y las reservas naturales, aunque no protegidas pero sí vigiladas por los ambientalistas y por las instancias de gobierno, como son la Profepa, Semarnat, Semaren y Ecología municipal.

No obstante, coincidió el arquitecto Rodríguez Ramírez en el sentido de que aun cuando de tener todos estos órganos reguladores para efecto de que las empresas desarrolladoras de viviendas no hagan ese tipo de desarrollos en zonas de alto riesgo, “los señores de la Canadevi tratan probablemente de comprar los servicios de ciertos funcionarios para llevar a cabo sus desarrollos en zonas de alto riesgo, pese a la problemática que vivimos antes y posterior al Paulina, ellos siguen insistiendo en buscar apoyos del municipio y del estado para que puedan ser beneficiados en la construcción de desarrollos de alto riesgo”.

En este contexto, recomendaron que lo que se debe hacer aquí es que estos desarrolladores, independientemente del trato que hagan con las autoridades municipales y estatales, deben de tener un respaldo, una fianza para que todo aquel comprador de un bien inmueble, en este caso una vivienda, que con tanto esfuerzo la adquieren pensando que va ser el patrimonio del futuro de su familia, sin embargo lo que compran es un riesgo, porque lo adquieren sin el respaldo o sustento jurídico por parte de la empresa desarrolladora aglutinada en la Canadevi.

Y el ambientalista Bernardo Salas agregó: “Lo lamentable es que no dan la cara, estamos viendo el desarrollo de Casas ARA, de GEO Carabalí, los desarrollos que al amparo de las autoridades precisamente sirven para estafar a las personas que de buena fe quieren adquirir una vivienda, aún sabiendo que están en peligro por las áreas en donde son desarrollados.

-Sin embargo, en una entrevista que se le hizo al presidente de la Canadevi, dice que quienes otorgan las licencias de construcción son las autoridades municipales o estatales, y ellos se conducen a lo que establezca dicho documento, ¿no es lavarse las manos de la responsabilidad que tienen?

-Está perfecto la mecánica que ellos aducen, si yo como empresario voy a ampararme en las autoridades para estafar a la población, está perfecto, porque estamos viviendo en un país donde no pasa nada.

Y precisó; No obstante los problemas que nos acarrean cada temporal de lluvia las corrientes de agua, no obstante las pérdidas humanas, materiales, económicas y consecuentemente los problemas sociales que le acarreamos al municipio. El estado finalmente si aprueba el desarrollo de x, y o z proyecto de cierta constructora, éstos no viven en Acapulco.

Y como prueba pusieron de ejemplos lo visto desde la administración municipal del contador Zeferino Torreblanca, con Alberto López Rosas, con Félix Salgado Macedonio y ahora es ilógico que el nuevo gobierno, le dé la espalda a aquellas familias que con tanto esfuerzo adquirieron un patrimonio y que lo están pagando.

“Creo que en estos momentos se debería fincarle responsabilidad ante la demanda social de gente que está invirtiendo su dinero y que son parte del desarrollo del municipio, porque no son gente invasora, sino trabajadora, y si el ayuntamiento le está dando la espalda a la población trabajadora, generadora del desarrollo con su esfuerzo, en qué manos de qué autoridad estamos”, remarcó Salas Roldán.

Otra de las cosas que suceden es que el gobierno del estado, lejos de buscar un beneficio para el patrimonio de los acapulqueños, también le está dando la espalda, pues “sabemos que el subsecretario de Desarrollo Urbano en Guerrero, el arquitecto Rafael Trani Cabrera, fue precisamente una de las piezas claves para hacer el Plan de Desarrollo Urbano para el Municipio de Acapulco después del Paulina y finalmente entra en vigor en el año 2000 saliendo la administración de René Juárez Cisneros”.

“Cómo es posible que ahora, tanto el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas como el subsecretario respaldado por el gobernador sigan atentando contra la población, y que el municipio siendo una entidad libre y soberana de acuerdo al artículo 115 Constitucional, sigan atentando contra nuestro patrimonio”, explicó el ambientalista Bernardo Salas.

-Pero dónde quedan entonces las dependencias que vigilan y castigan este tipo de abusos, excesos y atropellos como las que mencionas, Semarnat, Profepa, Semaren, Ecología y todas esas?

-Como te comenté en un principio, en México estamos acostumbrados a pasarnos por alto las normas ambientales, los reglamentos, las leyes y todas las disposiciones que regulan la vida social en el país.

Y añadió: “Las autoridades siempre hacen convenios con grupos, lo podemos ver no nada más en la industria de la construcción de viviendas de interés social, también en el transporte, en la franja costera, en la invasión de El Veladero, las vialidades, no tenemos una autoridad”.

Un ejemplo de esos casos es el actual delegado de la Comisión Nacional del Agua, Jorge Octavio Borja, quien ha estado al servicio de las empresas desarrolladoras de unidades habitacionales de interés social, de ahí la anarquía que se comete en la construcción de estas viviendas aún esté en riesgo la vida de decenas de habitantes y se vuelva a presentar un nuevo Paulina por la irresponsabilidad, negligencia y ineptitud de las autoridades.

CONTINUARA…