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Maduro enfrenta a Venezuela a un cisma político total

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Víctor Ventura
] CARACAS, Ven. * 29 de junio de 2017.
Economía Hoy

Hay pocas veces en los que una crisis existencial tiene una fecha tan marcada en el calendario: el 31 de julio. Ese día, el Gobierno de Venezuela organizará unas elecciones para nombrar a 540 constituyentistas que formarán una Asamblea Constituyente (AC) para reformar la Carta Magna del país. Entre los candidatos que se han presentado para reescribir la Constitución están la mujer y el hijo del presidente, Nicolás Maduro. La oposición ha anunciado que desconoce la convocatoria, realizada sin referéndum previo, y suma ya más de 70 días de protestas, con casi 80 fallecidos. La escalada de tensiones en el país puede desembocar en un estallido total en ese día clave si el Gobierno no da marcha atrás.

Para la oposición, esta parece la ocasión perfecta para que Maduro instaure definitivamente una dictadura. La AC podría, en efecto, deshacer la Constitución al completo, sin límite ni restricción alguna. El presidente, que pondrá su cargo “a disposición” de la AC, sugirió que podría, incluso, disolver el parlamento, la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, y tomar sus poderes antes de aprobar siquiera una nueva Constitución. La AN lleva suspendida desde 2016 por orden del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), lleno de jueces nombrados de forma irregular y de emergencia por el parlamento chavista saliente tras perder las elecciones legislativas de 2015. En marzo, el TSJ intentó otorgarse a sí mismo el poder legislativo para aprobar cambios en la Ley de Hidrocarburos, algo que Maduro no podía hacer mientras la AN estuviera suspendida, lo que dio origen a la cadena de protestas.

El temor de los opositores es que Maduro se haga una nueva Carta Magna “a la medida” que lo blinde en el poder permanentemente, anulando o debilitando las elecciones y eliminando cualquier otro poder intermedio que no controle él directamente. Hugo Chávez ya intentó cambiar la Constitución actual para implantar un “Estado comunal”, sin provincias ni municipios, en el 2007, pero perdió un referéndum aprobatorio. Maduro “pidió” a la AC que también celebre un referéndum tras presentar su plan de reforma constitucional, pero la AC tendrá el poder absoluto: podría ignorar la “petición” e implantar lo que debata sin consultar al pueblo. El hecho de que fuera convocada sin realizar un plebiscito previo -como sí hizo Chávez en 1999- no anima a la esperanza.

Un sistema electoral trampeado

Si el Gobierno ha acabado recurriendo al botón de emergencia es, en gran medida, por su enorme falta de popularidad. Las últimas encuestas sitúan a Maduro con una desaprobación del 76.4%, dos años después de que el oficialismo perdiera sus primeras elecciones desde la llegada de Chávez al poder. Desde entonces, el Gobierno ha hecho todo lo posible para evitar volver a las urnas: el año pasado, el TSJ anuló la convocatoria de un referéndum revocatorio para destituir a Maduro por alegaciones de “fraude” en la recogida de firmas que nunca llegó a investigar. Poco después, el Poder Electoral retrasó indefinidamente la celebración de elecciones a gobernadores provinciales y alcaldes, que debían haberse celebrado en diciembre de 2016, alegando “dificultades” para organizarlas.

El problema es que la opinión popular de la AC no es mucho mejor: según un sondeo de Datanálisis, un 85% de la población cree que no hace falta modificar la Constitución, un 70% rechaza la convocatoria y un 81% cree que debería haberse celebrado un referéndum previo. Meganálisis aumenta el porcentaje de ciudadanos opuestos a la AC al 80%. Con estos datos, es muy poco probable que la propuesta de reforma salga adelante si finalmente se celebra un plebiscito posterior, y todo el proceso queda empañado por una enorme falta de legitimidad popular. En un país que parecía dividido al 50%, el equilibrio parece haberse decantado claramente en contra del chavismo o, por lo menos, de Maduro.

Para evitar el inconveniente de no tener apoyo social, el presidente diseñó un sistema electoral hecho a medida para darle la mayoría absoluta con apenas un 35% de los votos: de los 540 constituyentes, 376 se elegirán por elecciones en las que cada municipio elegirá un diputado, independientemente de su tamaño, lo que favorece desproporcionadamente a los pequeños municipios rurales donde el oficialismo mantiene el poder. Los 176 restantes se elegirán en votaciones “sectoriales”: 79 trabajadores, 28 pensionistas, 24 estudiantes, 8 campesinos y pescadores, 8 indígenas, 5 empresarios, 5 discapacitados y 24 miembros de “comunas”. Solo las personas que pertenezcan a cada grupo -designado por el Poder Electoral- podrán votar a los candidatos de su “sector”.

Por comparar, en 1999, la Constituyente organizada por Chávez incluía solo votaciones directas a un número de representantes por provincia, proporcionales según su población, aunque con un sistema mayoritario que dio 121 de los 128 escaños al partido de Chávez con el 65% de los votos. Por contra, con el sistema actual, la oposición necesitaría entre un 65% y un 69% de los votos para obtener apenas una mayoría simple, según los cálculos de Luis Rondón, rector del Poder Electoral venezolano. Pero es posible que no haga falta: con el rechazo existente, es posible que solo vayan a votar los chavistas y la AC sea elegida con menos del 20% de participación, lo que difícilmente arreglaría su falta de legitimidad popular.

Crisis institucional

Ante un sistema electoral tan extraño y distorsionado para favorecer a Maduro, la oposición anunció que no reconocería la convocatoria. A continuación, invocaron los artículos 333 y 350 de la Constitución actual -que declaran ilegal cualquier Gobierno que viole los derechos humanos y cualquier intento de modificar la Carta Magna “por la fuerza”- para declarar ilegal el Ejecutivo de Maduro. El llamamiento, sumado a la tensión existente tras más de dos meses de protestas y represión gubernamental, ha acabado llevando a situaciones como el lanzamiento de granadas desde un helicóptero que sobrevolaba el TSJ con un cartel de “350 libertad”.

Mientras tanto, el chavismo está empezando a sufrir grietas: la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, nombrada por Chávez, ha acusado a Maduro de intentar imponer un “estado policial” mediante “terrorismo de Estado” y ha declarado “inexistente” el TSJ y las sentencias que mantienen suspendidas a la AN opositora desde 2016. Díaz ha prometido “defender la Constitución de Chávez” con su “vida”. Como ella, muchos oficialistas preferirían desescalar la tensión e intentar mantener el Partido Socialista Unificado de Venezuela como fuerza política, aunque eso suponga pasar a la oposición en el futuro próximo.

Por el contrario, numerosos miembros del Gobierno, empezando por el vicepresidente, Tareck el Aissami, tienen órdenes de búsqueda de Estados Unidos por supuesto narcotráfico, o temen ser víctimas de un ajuste de cuentas judicial por parte de la oposición si llega al poder. El resultado, según el catedrático venezolano Luis Vicente León, es “una lucha de kamikazes” según se acerque la fecha clave. “Un gobierno al que amenazan con destruirlo si sale, y una oposición amenazada con destruirla si no hay salida, es una garantía de conflicto”, explicó.

Algunos analistas, como Francisco Toro, creen que el Gobierno se verá obligado a cancelar la AC bajo amenaza de desatar un caos completo en la jornada de votaciones, en la apertura de sesiones y de forma indefinida según vaya anunciando sus decisiones. “Sería un acto de autoagresión política enorme. Nadie se pone una bomba de relojería debajo de su asiento”. Pero la fecha se acerca y la campaña electoral ya ha comenzado. En el peor de los casos, una oposición que no reconoce al Gobierno y con un gran apoyo popular radicalizaría sus protestas frente a un Maduro con el control del Ejército y el poder absoluto de reescribir la Constitución y el sistema político del país a su antojo. La crisis venezolana se acerca a un estallido que cada vez pinta peor.