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CNDH demanda #orden en zonas rurales de Acapulco

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Gloria Leticia Díaz
] CIUDAD DE MÉXICO * 8 de enero de 2018.
(Apro)
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) urgió al gobierno de Guerrero y a la Fiscalía estatal a tomar medidas necesarias para procurar la tranquilidad de comunidades rurales de Acapulco, después de un enfrentamiento armado ocurrido el fin de semana, así como “garantizar la integridad y el ejercicio de la labor periodística de los medios de comunicación”.

El organismo presidido por Luis Raúl González Pérez emitió medidas cautelares luego de los hechos violentos ocurridos en la comunidad de La Concepción, en que murieron 11 personas y 38 fueron detenidas en un operativo en el que participaron policías estatales, ministeriales, federales y elementos del Ejército.

Fotorreporteros que acudieron a cubrir el operativo policiaco y militar, fueron agredidos y despojados de su equipo de trabajo por policías estatales, de acuerdo con denuncias presentadas por los comunicadores.

Las medidas cautelares fueron dirigidas al fiscal general del estado, Javier Olea Peláez, con copia al gobernador Héctor Astudillo Flores. En el documento la CNDH explicó que ha recibido el reporte de que actualmente se encuentran policías estatales, Policía Federal y personal del Ejército, en la comunidad de La Concepción, “donde realizan un operativo para controlar la situación, lo que ha generado la detención de diversas personas”.

En el oficio, también dirigido al secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, y al subsecretario de Derechos Humanos, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, el organismo urgió al fiscal Olea Peláez, “dicte de inmediato las instrucciones que correspondan, a fin de que las diligencias que se practiquen en la comunidad La Concepción, se realicen con estricto apego a derecho y respeto a derechos humanos”.

Asimismo, pidió al fiscal que brinde las garantías “en el ámbito de su competencia”, para que “se observe el debido proceso respecto de las personas detenidas con motivo de estos hechos”, y que tome las medidas necesarias para proporcionar la “tranquilidad, la seguridad y la paz a los pobladores de La Concepción y comunidades aledañas, en el municipio de Acapulco, Guerrero, en coordinación con las autoridades federales que correspondan”.

Pide resarcir daños a periodistas

El organismo también encomendó al fiscal hacerse cargo de la atención médica integral a los fotorreporteros que fueron agredidos durante el operativo policiaco militar, entre ellos un representante del periódico La Jornada.

Además, la CNDH urgió a “garantizar la integridad y el ejercicio de la labor periodística de los representantes de los medios de comunicación, en coordinación con las autoridades federales que correspondan”, y de manera particular que se “realicen las diligencias necesarias para les sean entregadas a los periodistas, dos memorias de computadora que les fueron aseguradas”.

Defensores denuncian detenciones arbitrarias

Desde Acapulco, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, denunció que “se han cometido 30 detenciones arbitrarias y la ejecución extrajudicial de tres policías comunitarias; se ha hecho uso letal de la fuerza como único recurso para dirimir un conflicto de alta intensidad; se han realizado cateos sin una orden de autoridad competente por parte de las diferentes corporaciones policiales en los domicilios de miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, (CECOP); se ha incomunicado a los detenidos y se les ha negado una defensa adecuada al impedir que sus abogados puedan entrevistarse con ellos”.

A través de una Acción Urgente Tlachinollan destacó que entre los detenidos se encuentran los hermanos Marco Antonio y Vicente Suástegui Muñoz, dirigentes de la CECOP.

La organización civil señaló que, a las cinco de la tarde del domingo, “elementos de la policía ministerial trasladaron a Marco Antonio Suástegui fuera de la Fiscalía con sede en Acapulco, sin que hasta el momento sus familiares tengan conocimiento de su paradero”, además de que las autoridades estatales “han negado cualquier información sobre la situación jurídica” de este líder de la CECOP, quien de 2014 a 2015 permaneció preso en un penal de alta seguridad.

Tlachinollan, organización que representa legalmente a la CECOP, destacó que la “Fiscalía General del Estado de Guerreo realiza las investigaciones y diligencias en total opacidad manteniendo a los detenidos incomunicados y sin que se garantice un debido proceso”.

La organización exigió que “se garantice el debido proceso y se proporcione información tanto a sus familiares como a sus abogados sobre el paradero y situación jurídico de las personas detenidas”.

De manera particular en el caso de Marco Antonio Suástegui Muñoz, defensor comunitario que ha sido encarcelado anteriormente, Tlachinollan exigió que “se garantice en todo momento su integridad física y psicológica”.