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Abarca, como Muñoz Rocha

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] Pascal Beltran del Río

La historia no suele repetirse, pero a veces rima. La frase, atribuida a Mark Twain, cobra sentido cuando comparamos algunos hechos que ocurren hoy en México con los que tuvieron lugar hace 20 años.

Hace unos días abordé un aspecto de esa eufonía de la historia: cómo el estado de Guerrero juega hoy un papel parecido al de Chiapas en 1994.

En aquel año, decía yo, México se aprestaba a tomar la ruta del primer mundo, pero las grandes desigualdades de Chiapas, que sacó a la luz el levantamiento zapatista, pusieron en duda que pudiéramos avanzar sin atender los pendientes.

Hoy, Guerrero es un lastre para nuestro desarrollo. Y no sólo por la pobreza, que se ha acentuado en los últimos años, sino por la ausencia completa del Estado de derecho.

Guerrero es una entidad donde, como en otras, el crimen organizado penetró las instituciones. Pero, además, un lugar donde policías de uno o dos municipios, coludidos con delincuentes, cometieron un artero ataque contra civiles desarmados, matando a seis y llevándose secuestrados a 43 jóvenes que aún no aparecen.

En el centro de esa historia atroz está un personaje enigmático: el alcalde de Iguala, un izquierdista de nuevo cuño que había comenzado a forjar su futuro como vendedor de huaraches.

Su caso recuerda al del diputado priista tamaulipeco Manuel Muñoz Rocha, a quien se le atribuye haber pagado al asesino de José Francisco Ruiz Massieu hace 20 años. Hoy ambos están desaparecidos.

El ascenso de José Luis Abarca Velázquez en la política fue vertiginoso, tanto como su caída. Llegó a la presidencia municipal sin experiencia, pero con buenos padrinazgos.

En poco tiempo, él y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, hermana de dos lugartenientes del capo Arturo Beltrán Leyva, se convirtieron en la fuerza sin disputa en Iguala.

El poder de Abarca le daba para, presuntamente, matar a un líder social y quedar impune, pese a que uno de los principales dirigentes del partido que lo postuló, el PRD, lo denunció públicamente por el hecho.

Las razones por las cuales la policía municipal de Iguala atacó a un grupo de normalistas la noche del 26 al 27 de septiembre son tan sorprendentes como la posterior desaparición de Abarca.

Antes de solicitar licencia a la alcaldía de Iguala y esfumarse, el presidente municipal alcanzó a dar algunas entrevistas en las que dijo que él ni se enteró de los hechos de aquel fin de semana trágico, pues estaba en un baile.

La realización de dicho baile es una de las líneas de investigación de la PGR sobre el ataque contra los normalistas: el alcalde habría ordenado a su policía que contuviera a los estudiantes para que no sabotearan la fiesta en la que su esposa presentaría un informe como presidenta del DIF municipal y donde, de facto, ella sería destapada como candidata a sucederlo.

El caso es que, hoy, 27 días después del ataque, Abarca y su esposa no aparecen. Igual que el director de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez. Igual que los 43 normalistas. Igual que Muñoz Rocha.

La última vez que alguien supo de Muñoz Rocha fue la noche del 29 de septiembre de 1994, al día siguiente del asesinato de Ruiz Massieu. Llamó por teléfono a su esposa, Marcia Cano, según ha contado ella muchas veces. La llamada fue como una de tantas. El diputado le dijo a su mujer —quien hoy está segura de que lo mataron— que se sentía cansado y ella le recomendó cuidarse.

Luego, Muñoz Rocha se esfumó. Tras del homicidio, se le empezó a buscar por haber pagado 50 mil pesos a Daniel Aguilar Treviño, el homicida material de Ruiz Massieu, y la PGR lo ligó con Raúl Salinas de Gortari, quien fue a la cárcel por el asesinato. El diputado Muñoz Rocha —cuya orden de aprehensión prescribió en marzo de 2009— es el eslabón que siempre faltó en la investigación.

Hubo versiones de que se le vio en San Antonio, Texas, días después. Ésta provino del entonces cónsul de México en esa ciudad, Humberto Hernández Haddad, quien, desde el 19 de octubre de 1994, ha sostenido que cuando fue detenido el abogado Enrique Fuentes León en Estados Unidos, acusado de cohecho, iba acompañado de Muñoz Rocha.

Pero la desaparición de Muñoz Rocha tomó tintes de teatro guiñol cuando el entonces fiscal Pablo Chapa Bezanilla contrató a la supuesta vidente Francisca Zetina Chávez, La Paca, para encontrar los restos del diputado. La osamenta que fue desenterrada, en una propiedad de Raúl Salinas de Gortari, resultó haber sido sembrada por La Paca, quien terminó en prisión.

No se debiera permitir semejante desaseo judicial en el caso Abarca. Tan importante como saber la suerte de los normalistas es conocer la de él.

El alcalde destituido es la clave para resolver los motivos del ataque y, por supuesto, encontrar a los normalistas desaparecidos.

También es importante para saber hasta dónde penetró el crimen en las instituciones de Guerrero, una infiltración que al parecer fue regional y llegó hasta el sur del Estado de México.

Pero también lo es porque, así sean los peores criminales, Abarca y su esposa merecen ser encontrados. Si están vivos, para responder por los hechos que se les imputan. Si están muertos, para saber quién los mató.