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“¿A poco Figueroa es ajeno?”

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] Francisco Garfias

Tronó el coordinador de los diputados del PRD, Miguel Alonso Raya. Habló fuerte, duro, raspado:

“No se hagan pendejos. A José Luis Abarca (alcalde de Iguala) lo propuso y respaldó Lázaro Mazón. La vinculación de Lázaro con las broncas de Andrés Manuel le tendía un velo de impunidad.”

Hablamos con Raya, como le dicen, en medio de la sesión de la Cámara de Diputados. En esos momentos, Mazón se apersonaba en la PGR para reconocer que sí apoyo a Abarca, pero aclaraba que él no es responsable de los actos de terceros.

El diputado Raya se acercó al corral de la ignominia —o palco de prensa— del salón de sesiones en San Lázaro. Se le veía tenso, alterado, molesto.

Sin más abordamos el tema de Iguala y sus consecuencias para el PRD.

“Sé que hay una campaña de otros contra el PRD por venganza. Si les metimos amparos, peor. La madriza en los medios es bestial. Nomás voltea a ver a Televisa. Tiene 22 días que no para. Ni modo que digas que la bronca es porque sí. Hay gente que le está atizando al conflicto.

“¿A poco Figueroa es ajeno? Chingo a mi madre si no está metido”, dijo.

Rubén Figueroa Alcocer fue gobernador de Guerrero. Es parte de la historia negra de ese estado. Fue obligado a dejar el cargo en 1995 por la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas.

El coordinador de los diputados del PRD, por cierto, nos adelantó que en el curso de la mañana de hoy saldrá el Comité Ejecutivo a fijar una postura definitiva sobre el caso.
“No somos tercos ni somos sordos ni somos ciegos ni insensibles frente a lo que acontece. Lo que menos queremos es que quede impune.

“¿No son cómplices los cabrones de la 27 Zona Militar? ¿No sabían que había un grupo delincuencial? ¿Cómo se movía y qué hacía?”, preguntó el legislador.

Las palabras del profesor Alonso Raya cobraron mayor relevancia en medida que la PGR acusó ayer al fugado alcalde de Iguala de ser el autor intelectual de la muerte de seis personas y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El edil ordenó atacar a los aprendices de maestros, porque pretendían sabotear el informe de su esposa, María de los Ángeles Pineda, presidenta del DIF municipal.

La verdad oficial que ayer dio a conocer Jesús Murillo Karam es muy parecida a la que publicamos en este espacio el pasado 8 de octubre.

Escribimos entonces:

“Otras versiones hablan que decenas de normalistas se atrevieron a “botear” en el informe de la directora del DIF en Iguala, esposa del alcalde. Eso desató la furia del matón Abarca. Le pidió a su jefe de policía, Felipe Flores, se encargara de los atrevidos “muchachos” y éste los puso en manos de la banda Guerreros Unidos, que los liquidó.”

Lo adelantamos ayer. No pasó en la Comisión de Gobernación del Senado, que encabeza la priista Cristina Díaz, la propuesta de llevar a consulta la llamada Ley de Salarios Máximos, presentada por el PAN.
La iniciativa que se pretende llevar a consulta propone reducir 50% remuneraciones y prestaciones del Presidente de la República y altos mandos de la administración pública federal.

El PRI y el PVEM votaron en contra. El PAN y el PRD a favor.

Cristina dijo que los ingresos y gastos del Estado no son objeto de consulta popular. “Así lo señala el artículo 11, fracción cuarta, de la Ley Federal de Remuneraciones, y el artículo 35 constitucional”, recalcó.

Hoy irá al pleno.

De acuerdo al presupuesto para 2014, el Presidente recibe mensualmente 204 mil 825 pesos, incluidas prestaciones, en tanto que los secretarios de Estado ganan 198 mil 612 pesos.

Raúl Plascencia Villanueva sí buscará su reelección al frente de la CNDH. Ni el balconeo de su nueva casa ni las reiteradas críticas a su gestión ni su tardía recomendación al Ejército y el gobierno del Estado de México por las ejecuciones sumarias en Tlatlaya lo disuadieron de registrarse para otro periodo de cinco años.
La razón de peso por la que el ombudsman busca la reelección viene implícita en la pregunta que nos hizo Roberto Gil Zuarth: ¿No te registrarías si traes el respaldo del grupo mayoritario en el Senado? La respuesta es obvia.

Faltaba media hora para el cierre del registro cuando Juan Ríos Estavillo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, acudió a la Oficialía de Partes del Senado en representación del ombudsman.

Luis González Pérez, abogado de la UNAM; Ricardo Bucio, de Conapred; Patricia Olamendi, exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, y Alfredo Rojas Díaz Durán, también quedaron registrados.

Sorpresa de última hora. Mauricio Farah, secretario general de la Cámara de Diputados, también quedó como aspirante. Su candidatura llega fuertemente apoyada. Más de 50 organizaciones la respaldan.

Cuente entre estas organizaciones a México Unido Contra la Delincuencia; SOS, de Alejandro Martí; el Colegio de la Frontera Norte, y al durísimo padre Alejandro Solalinde.